UNA REBAJA FISCAL A PAGAR

El Consejo de Ministros del viernes 20 de junio aprobó el anteproyecto de ley que introduce cambios en el IRPF, impuesto de sociedades y aumenta la tributación de las indemnizaciones por despido. A pesar de los anuncios previos del Gobierno no estamos ante una reforma del sistema fiscal, ya que no cambia la estructura tributaria ni el fondo de todo el sistema, sino que se hace un retoque en la imposición directa modificando tipos y deducciones. No es la reforma que necesitamos del sistema fiscal. Pero la empeora, al hacerlo más insuficiente en la recaudación, y lo hace más regresivo.

El Gobierno, de manera oportunista, presenta la reforma como favorable a la ciudadanía y las empresas, dice que se pagará menos por IRPF y por sociedades, pero no dice que el que deja de ingresar hacienda deberá recortar de algún lugar. Además, la distribución de las rebajas fiscales finales no es progresiva, en el caso del IRPF beneficiará más a las rentas más altas, discriminando así las rentas medias del sistema. El resultado final será una caída en los ingresos de unos 9.000 M € y el 2016 el ingreso público se prevé que sea un 39% del PIB, 8 puntos menos que la media europea. Por tanto, nos encontramos ante unas medidas que harán el sistema fiscal menos equitativo y más injusto. Esto lo pagaremos con menos derechos y servicios, más injusticia y más desigualdad. Hoy necesitábamos una reforma que garantizara la suficiencia de ingresos para dotar a las administraciones públicas de recursos para impulsar el crecimiento económico y proteger a las personas, en especial para ayudar a las paradas, sobre todo las que tienen más dificultades para encontrar trabajo y que están excluidas de los sistemas de protección social.

Una de las medidas más injustas de la propuesta del Gobierno es la tributación de las indemnizaciones por despido. Hasta ahora estaban exentas las indemnizaciones por su cuantía legal: en caso de despido improcedente 45 días de salario por año trabajado con un tope de 12 meses por el período trabajado antes del 12 de febrero de 2012 o 33 días con tope de 24 meses a partir de esa fecha; y si el despido era procedente, la indemnización de 20 días por año trabajado con el tope de 12 mensualidades. Por encima de esta cantidad se tributa como renta irregular (40% exento y el resto tributa a tipo general).

Ahora, con la obligación de tributar por las indemnizaciones se da un nuevo golpe a los trabajadores que pierden el empleo y, además, puede genera mayor conflictividad en los procesos de extinción contractual y de negociación de la indemnización. Las personas que han perdido su empleo han visto los derechos y la protección al desempleo recortados 8 veces en los últimos años: se ha facilitado, reduciendo los requisitos, el despido objetivo; ha reducido la indemnización por despido (se amplía el acceso al despido de 20 días por año y máximo 12 mensualidades y el improcedente se reduce a 33 días con máximo 24 mensualidades); ha reducido la cuantía de la prestación contributiva de desempleo (pasando del 60% al 50% de la base reguladora de la prestación a partir del 7 º mes); ha retrasado la edad de acceso al subsidio de desempleo (de los 52 a los 55); se ha reducido el tiempo para percibir subsidio de desempleo a los mayores de 55 años (antes era hasta la edad ordinaria de jubilación a los 65 años y ahora es hasta la primera edad de jubilación a partir de los 61); ha reducido la cotización asociada al subsidio de desempleo de mayores de 55 años (antes cotizaban el 125% de la base mínima y ahora lo hacen sólo por la mínima); se computan los ingresos de toda la unidad familiar para determinar el acceso al subsidio (antes se calculaba sobre los ingresos propios); y, ahora, se intenta endurecer la tributación sobre la indemnización. Con ello el Gobierno sigue aumentando la presión para la bajada de los costes laborales como vía exclusiva para aumentar la competitividad, ya que empeorando las condiciones de las personas en situación de desempleo se presiona a la baja las condiciones laborales para acceder al trabajo.

Pocos días después de conocer estas medidas fiscales (que conllevan una previsión de menores ingresos públicos para el próximo año), se ha hecho pública la rebaja del techo de gasto del Estado para 2015 en un 3,2%. Con ello se confirma la tendencia a mantener las políticas de recortes del sector público. Este será cada vez más pequeño y, por tanto, con menos cobertura y calidad de los servicios públicos. Los poderes públicos tendrán menor capacidad para intervenir en la economía, para hacer de contrapeso de los poderes económicos, para impulsar una economía dinámica y competitiva que impulse el crecimiento y el desarrollo. Seguiremos alejándonos de los países europeos más avanzados que disponen de sectores públicos potentes y bien gestionados.

Hoy no es la bajada de impuestos directos lo que se necesita, sino priorizar y aumentar el gasto público para mejorar las posibilidades de empleo y dotar de una renta garantizada de ciudadanía que garantice la protección y reactive la demanda. Hay que mejorar el poder de compra de los salarios, haciéndoles partícipes de los aumentos de productividad que se están produciendo, y rebajando los márgenes de intermediación bancaria en la financiación de las familias y las pymes, que están pagando un sobrecoste comparado con los países de la Europa central. Son posible otras políticas económicas y hoy necesitamos aquellas que estimulen la demanda interna.